Por Juan Ayala * Exconcejal de Victoria
Sin duda en estos tiempos una de las fuentes de recursos más importantes para el desarrollo de las comunidades ha sido y sigue siendo el FODES que a partir del año dos mil el gobierno central envía a las municipalidades con base a criterios establecidos en la ley que lo regula. Dichos criterios están establecidos en el artículo 4 que define la forma de distribuirlo: Población 50%, Equidad 25%, Pobreza 20% y Extensión territorial 5%. Todos los cantones tienen los criterios mencionados por la ley y cuentan con el porcentaje correspondiente, es decir que a mayor población mayor presupuesto. Sin embargo, una vez el FODES está en manos de las municipalidades generalmente se distribuye ignorando o desconociendo la ley, y el dinero que debería de llegar a las comunidades rurales una parte importante se queda en el caso urbano para pago de servicios como la recolección de desechos sólidos, alumbrado público, fiesta patronal, entre otros que deberían ser pagados por medio de la tasas que la alcaldía cobra a quienes reciben dichos servicios. El resto se utiliza para mantener los programas como el mantenimiento de calles, ayudas a familias de escasos recursos económicos (láminas, cemento, materiales eléctricos), apoyo con desgranadoras, entre otros. El resto se distribuye en proyectos en las comunidades según los intereses políticos de quien gobierna y su concejo, en el caso Victoria el presupuesto mayormente se orientaba a los cantones donde el partido ARENA obtenía mayor votación un hecho conocido por todos y en especial por los habitantes de Santa Marta.
Foto: Caricatura de #Alecus del 8 de octubre de 2020
Como es sabido la población de Santa Marta fue excluida del presupuesto municipal hasta el año dos mil quince a pesar de ser el cantón con mayor porcentaje de población y por tanto le correspondía el mayor porcentaje según los datos estadísticos del ministerio de salud. El 20.4% de la población del municipio está en Santa Marta, el resto se distribuye en todo el municipio. El casco urbano está 12 puntos porcentuales por bajo de Santa Marta el cual tiene el 8% del total de la población. Le siguen a Santa Marta el cantón San Pedro con el 11.8%, Azacualpa con el 11.6 y Paratao con el 11.1%. Las decisiones relacionadas al presupuesto municipal objetivamente no pueden tener otra base que no sean las establecidas en la ley del FODES como son la cantidad de población de cada cantón otro tipo de criterios tendrán que ser demostrados por medio de estudios con el único propósito de hacer una distribución más justa y equitativa.
La llegada de los concejos plurales en mayo de dos mil quince dio inicio con la asignación de fondos del FODES hacia el cantón Santa Marta un hecho nunca antes visto. Los primero aportes se hicieron en pequeñas inversiones como la reparación de algunos pasajes (colonia Los Laureles, y frente al complejo educativo 10 de octubre), reparación de una obra de paso sobre quebradas (la canchita en la colonia La Vega y la Tapada en la colonia Los Laureles), recolección de desechos sólidos con el envío del tren de aseo cada mes, ayudas a familias con materiales para mejora de pisos, repello de paredes de tierras, postes para conexiones eléctricas, láminas para reparación de techos etc. Luego se fue incluyendo las reparaciones de calles, la recolección de desechos sólidos, reparaciones de lámparas ubicadas en lugares públicos. A todo eso se la sumó obras de mayor importancia tales como reparación de infraestructura de la Guardería de Valle Nuevo en la colonia Las Brisas, la perforación del pozo, la construcción de la casa Comunal de San Felipe, techo de la plaza de Santa Marta, así como la asignación de un presupuesto la construcción de la oficina del proyecto de agua del Rodeo y cerca y techado de la canchita de voleibol de Valle Nuevo los cuales siguen pendientes hasta ahora por trámites con otras instituciones del gobierno.
Toda esa inversión se realizó durante el periodo de endeudamientos de la municipalidad, es decir desde 2015 al 2019 que fue cuando se finalizó de pagar los dos préstamos que la alcaldía tenía con el FIDEMUNI y el Banco Hipotecario. El año dos mil veinte la alcaldía recuperó la capacidad económica para invertir, pero llegó también la pandemia del COVID y luego el recorte del FODES a partir del 1 de junio del mismo año por el ejecutivo. El dinero que llegó del FODES de los primeros meses del año dos mil veinte, en su mayor parte se utilizó para la entrega de paquetes alimenticios e insumos para prevención del COVID quedando de esa forma desfinanciados los proyectos.
El año dos mil veinte y dos mil veintiuno por primera vez se esperaban importes inversiones en las comunidades del municipio y principalmente en Santa Marta. Después de muchos años se tendría la mejora de un pasaje casi en todas las colonias del cantón más los proyectos como son el tanque de agua para conectar el pozo a la red de distribución actual, la remodelación y mejora de las canchas Monseñor Romero y El Rodeo. Solo para Santa Marta en el año dos mil veinte se logró en el concejo acordara invertir una cantidad aproximada de 128 mil y para el año dos mil veintiuno una cantidad de 191 mil dólares. Todos los proyectos mencionados quedaron establecidos en actas como acuerdos del concejo saliente los cuales pueden ser cambiados por razones justificadas pero de no ser así se tendría que hacer cumplir lo que ya fue acordado previamente.
Es tarea tanto de los nuevos concejales con el acompañamiento de la comunidad a través de las ADESCOs la de velar por que se respeta y se cumpla lo que se ha logrado. Santa Marta y las comunidades del municipio tienen el derecho a reclamar lo que les corresponde por ley. Conocer lo que les toca del presupuesto del FODES y exigir que se invierta en obras de desarrollo en sus comunidades. El Reglamento de la ley del FODES en el artículo 15 dice que “Los Concejos Municipales harán del conocimiento en forma trimestral a los habitantes de su respectivo municipio, por medio de cabildos abiertos o por cualquier otro medio de comunicación, el uso que le han dado al Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios. Es decir que hay una obligación de informar a las comunidades sobre cómo se está invirtiendo sus recursos.
