Al cumplir 40 años de la masacre campesina de piedras coloradas en el río lempa, la comunidad Santa Marta en el departamento de Cabañas, exige verdad y justicia.

COMUNICADO DE PRENSA

SANTA MARTA 40 AÑOS DE RESISTENCIA AL OLVIDO

Al cumplir 40 años de la masacre campesina de piedras coloradas en el río lempa, la comunidad Santa Marta en el departamento de Cabañas, exige verdad y justicia.

La guinda y la masacre campesina de marzo de 1981 contra pobladores del cantón Santa Marta y Peña Blanca, tuvieron lugar en un período de creciente represión y violencia en El Salvador contra catequistas, sindicalistas, estudiantes, defensores de Derechos Humanos y población campesina, al punto de establecer patrón de conducta el asesinato selectivo y las matanzas a gran escala como ocurriera antes de Lempa en El Sumpul y posteriormente en La Quesera, Santa Cruz y El Mozote.

Siguiendo la estrategia de quitar el agua al pez y eliminar la base de apoyo civil a la guerrilla, la Fuerza Armada lanzó en los cantones: Santa Marta, Peña Blanca y sus alrededores un fuerte operativo militar contrainsurgente Tierra Arrasada, que como lo documentan notas de prensa de la época “comenzó en la madrugada del 15 de marzo y en el que participaron el Segundo Destacamento Militar de Sensuntepeque, así como refuerzos provenientes de otros destacamentos y de la Fuerza Aérea”, como el batallón Atlácatl y la Guardia Nacional.

Los días 17 y 18 de marzo, después de dos días de intensos ataques aéreos y terrestres, miles de personas fueron obligadas a cruzar el río Lempa, pasando la frontera de El Salvador con Honduras, buscando salvar sus vidas. Pobladores de Santa Marta, El Rodeo, El Peñón, El Zapote, Peña Blanca, Los Talpetates, La Pinte, San Felipe, San Jerónimo y otros caseríos aledaños, fueron acorralados y no les quedó más escapatoria que huir. El ejército quemó a su paso sus casas y cosechas, torturó y asesinó cruelmente ansíanos y mujeres que estaban en sus viviendas y animales domésticos.

Fue entonces que ocurrió lo peor, la masacre en el cruce del río Lempa en el lugar conocido como Piedras Coloradas del cantón San Antonio; el río se desbordó luego que abrieron con premeditación las compuertas de la represa 5 de noviembre ubicada en El Guayabo. En la escena se encontraban en ambos lados de la frontera tropas de El Salvador y Honduras, que dispararon a matar a la población civil que intentaba cruzar el río, muchos otros fueron acribillados en tierra hondureña. También llegaron helicópteros y aviones que abrieron fuego contra aquella multitud. En el caos, varias personas fueron arrastradas por el río y ahogaron.

La población que sobrevivió a la guinda de marzo se refugió en la aldea Los Hernández y posteriormente fue reubicada en La Virtud donde había un total de 7 mil 500 refugiados.

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington publicó hace unos años “cinco documentos del gobierno de los EE.UU. desclasificados que dan información sobre esta masacre” y según sus conclusiones “los oficiales estadounidenses estaban enterados de la matanza de civiles en el río Lempa ejecutada por las fuerzas del estado; no estuvieron en desacuerdo con los hechos reportados por periodistas y grupos de derechos humanos, ni disputaron la responsabilidad de las fuerzas salvadoreñas por estas muertes”.

El informe de la Comisión de la Verdad hace una breve mención de esta masacre recordando que “el 17 de marzo, al intentar cruzar el río Lempa hacia Honduras, un grupo de miles de campesinos es atacado por aire y tierra, a consecuencia del ataque se reportan entre 20 y 30 muertos y 189 personas desaparecidas”.

Hasta ahora nadie conoce con exactitud la cantidad de muertos, pero la cifra se cuenta por decenas, más el daño irreparable psicosocial sufrido por la población. Hasta ahora ninguna instancia de Justicia ha mostrado interés alguno de investigar los hechos, a tal punto, que su registro es mínimo y sin abundancia de información documentada; incluso el Informe de la Comisión de la Verdad apenas hace alusión. La mayor cantidad de información de la que se dispone pero que cada vez es menos, es el testimonio de los sobrevivientes y las memorias de testigos internacionales que auxiliaron aquella población, mientras arriesgaban sus vidas en labores humanitarias.

DECLARAMOS.

• Los mártires del 17 y 18 de marzo de 1981 no son una farsa: son otra evidencia de las grabes violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el Estado Salvadoreño contra su población civil y organizada.
• A 40 años Santa Marta demanda resarcimiento, verdad y justicia: Por muchos años el estado salvadoreño nos abandonó completamente, lo que multiplica su deuda con su gente.
• Exigimos al Estado Salvadoreño y a la Fiscalía General de la Republica: investigue y haga justicia. Los hechos antes descritos no pueden ser ignorados, para que nadie, entre ellos el presidente de la Republica se atreva a negar las grabes violaciones a los derechos humanos cometidas antes y durante la guerra civil salvadoreña.
• Garantías de no repetición. Habiendo sufrido persecución política, destierro y crímenes de guerra cometidos por el ejército salvadoreño, producto del odio y la falda de garantías a los Derechos Humanos, como comunidad Santa Marta condenamos enérgicamente el uso de las Fuerzas Armadas para fines políticos y anticonstitucionales. El Estado salvadoreño sigue en deuda con las víctimas de la represión del ejército salvadoreño y es urgente que las lecciones del pasado sirvan de ejemplo para abandonar toda señal de autoritarismo y de una nueva militarización del país. En ese sentido el presidente de la Republica debe ser un ejemplo y no ser un instigador de la confrontación social que vive El Salvador.

San Salvador, 15 de marzo de 2021.