Redacción Abriendo Brecha.

Familiares de Manuel de Jesús López Bonilla y José Antonio Bonilla Laínez, acompañados de pobladores de la comunidad Santa Marta en Cabañas, realizan esta mañana tercera conferencia de prensa para denunciar irregularidades en el proceso de detención y procesamiento de estos jóvenes, detenidos la madrugada del 25 de noviembre del 2016 en el hospital de Sensuntepeque, quienes auxiliaban a una persona herida que falleció antes de ser asistida.

Los pobladores denuncian “la existencia de cárceles clandestinas, bajo el control de la Dirección Central de Investigaciones y la Unidad Antipandillas de la Policía Nacional Civil, bajo el nombre de Casas de Resguardo”, violentado todas las garantías constitucionales y el debido proceso de los detenidos, como la falta de asistencia legal por sus abogados, su ubicación y el empleo de métodos de presión psicológica contra los jóvenes y sus familiares.

A la denuncia los familiares y pobladores también sumaron el hecho que la Unidad Antipandillas ha hecho parte a un abogado particular “fantasma” de manera arbitraria, “de nombre RICARDO ANTONIO RIVAS IDIAQUEZ, para que se muestre parte como defensor de los jóvenes, sustituyendo los Defensores que nombraron ellos y sus familias”.

Preocupados por la situación de los jóvenes tras cinco meses sin saber de ellos, llaman a la Procuradora de Derechos Humanos, pronunciarse sobre el caso y exigen al Ministro de Seguridad y Justicia, al Director General de la Policía Nacional Civil, que entreguen un informe sobre las llamadas Casas de Resguardo, del estado y condiciones de las personas ahí detenidas y especialmente de los jóvenes.

Al Fiscal General de la Republica que desarrolle una investigación rápida, imparcial y transparente para el esclarecimiento de los hechos, respetando las garantías constitucionales y el debido proceso.

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COMUNICADO DE PRENSA

Comunidad Santa Marta, Cabañas, denuncia anomalías en proceso de detención contra dos jóvenes

Habitantes de la comunidad Santa Marta, del departamento de Cabañas, denunciamos ante la opinión pública la violación de derechos humanos a las que han sido sometidos dos de nuestros jóvenes: Manuel de Jesús López Bonilla y José Antonio Bonilla Laínez, quienes fueron capturados de forma arbitraria hace cinco meses por miembros de la Unidad Antipandillas de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes han impedido a sus familiares cualquier tipo de contacto con ellos.

Los hechos iniciaron la madrugada del 25 de noviembre del 2016 en el cantón Santa Marta, cuando el joven José Bonilla acudió a dar auxilio a una persona herida, al verlo en mal estado llamó a su primo Manuel López Bonilla para que trajera su vehículo y llevar al herido al Hospital de Sensuntepeque. 

Alrededor de las tres de la mañana los agentes de la PNC Román Ramírez Ascencio, Nicolás Echegoyen Peralta y Hugo Atilio Cornejo, se presentaron al hospital, y sin mediar palabras dieron una golpiza y procedieron a la detención de José Bonilla y Manuel de Jesús López.

Posteriormente, los agentes policiales separaron a los jóvenes, y a José Bonilla lo llevaron hasta su vivienda en Santa Marta, lugar donde hicieron un cateo y luego lo golpearon frente a su compañera de vida y su hija menor de edad. Al no encontrar nada regresaron a Sensuntepeque y, horas después, los agentes se presentaron con armas calibre 38, afirmando que se las habían quitado a José Bonilla, lo cual no es cierto.

A José se le detuvo injustamente por supuesta resistencia, tenencia, portación y conducción ilegal de arma de fuego. En la audiencia realizada el 30 de noviembre, el Juzgado de Paz de Victoria dio instrucción con medidas sustitutivas por el arma. En el caso de Manuel, fue sobreseído. Sin embargo, cuando salían del Juzgado una patrulla con policías cubiertos del rostro, llegaron y los capturaron nuevamente, salieron rumbo a Sensuntepeque, y les privaron toda comunicación hasta el 06 de diciembre cuando se realizó la audiencia inicial, nuevamente se los llevaron y hasta el día de hoy se desconoce su paradero.

Ante esta situación denunciamos:

1. La existencia de CÁRCELES CLANDESTINAS, bajo control de la Dirección Central de Investigaciones y la Unidad Antipandillas de la Policía Nacional Civil (PNC), con el nombre de Casas de Resguardo.
   
   
2. Las graves violaciones a las cuales están siendo sometidos los jóvenes Manuel de Jesús López Bonilla y José Antonio Bonilla López de la comunidad Santa Marta, en las mal llamadas casas de resguardo, que son verdaderas cárceles clandestinas, pues se les niega sus derechos a la asistencia legal, se desconoce su ubicación y a la fecha no se ha permitido algún contacto, ni siquiera de parte de sus defensores, Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) y mucho menos a sus familiares.
   
   
3. La persecución de la que están siendo objeto las y los directivos de nuestra comunidad por efectivos de la Policía Nacional Civil, quienes incursionan en vehículos particulares para tomar fotografías físicas y de las casas de ellos y ellas. Y dicho acoso consideramos el resultado de las denuncias que se vienen realizando sobre las prácticas violatorias de la PNC.

POR LO TANTO, PEDIMOS:

1. A los organismos internacionales soliciten al gobierno un informe de las casas de resguardo que mantiene la Policía Nacional Civil, ya que están siendo utilizadas como cárceles clandestinas, y que permita a una comisión de Organismos Humanitarios verificar el estado de las personas ahí detenidas.
   
   
2. A la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), se pronuncie sobre estos hechos y exija al señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, y al director de la Policía Nacional Civil, Howard Coto, que entregue un informe sobre las llamadas casas de resguardo o cárceles clandestinas y expliquen el estado y condiciones en las que se encuentran las personas detenidas en esos lugares, especialmente de las condiciones de Manuel y Antonio de la comunidad Santa Marta, Cabañas.
   
   
3. Al Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, que desarrolle una investigación rápida, imparcial y transparente para el esclarecimiento de los hechos, respetando las garantías constitucionales y el debido proceso.
   
   
4. A la Policía Nacional Civil detener las acciones de persecución y acoso a las y los líderes de la comunidad.
   
   
5. Llamamos a la población que se encuentra en la misma situación a que denuncie y se sume al repudio de este tipo de hechos, sobre todo porque en las últimas semanas han quedado en evidencia irregularidades en los procedimientos de captura por parte de elementos de la PNC, quienes en otros casos han creado escenas del crimen o inculpado falsamente a jóvenes.
   Asimismo, pedimos al Gobierno que ponga sus mejores esfuerzos por erradicar estas prácticas heredadas del pasado.