Redacción Abriendo Brecha.

Hasta nuevo aviso fue aplazada la “vista pública” para los jóvenes Manuel de Jesús y José Antonio este 30 y 31 de agosto en el Centro Judicial Isidro Menéndez en San Salvador, tras 9 meses de su detención y 6 de ellos en calidad de desaparecidos por la policía.

La audiencia, según explicaron los abogados a los familiares, fue suspendida el miércoles 30 porque la Unidad de Traslado de Reos de la Corte Suprema de Justicia se confundió con la fecha y no llevó a los detenidos; y el jueves 31, luego de varias horas de espera, porque no había sala disponible para realizarla, aunque todas las partes estaban presentes.

Los familiares y pobladores de la comunidad Santa Marta se mostraron indignados, pues no es la primera vez que les ocurre. La Audiencia Preliminar se frustró 3 veces antes que se realizara el pasado 8 de junio. Los costos y sacrificios para las familias son altos al tener que viajar a San Salvador, estar bajo la pampa del sol en las afueras del Isidro Menéndez y no tener resultado es frustrante.

Familiares de Daniel Alemán y jóvenes del movimiento ciudadano “Los Siempre Sospechosos de Todo” se hicieron presente el jueves 31 de agosto, pues estaba prevista la Audiencia Preliminar, que tampoco se realizó, por el delito de “extorsión”; quien según su abogado fue “intimado mientras estaba detenido ilegalmente” el 24 de febrero de este año en el centro penal de Mariona.

El joven Alemán fue absuelto en mayo del delito de “posesión y tenencia de droga con fines de tráfico” por lo cual fue detenido el 10 de enero, pues se demostró que los agentes que lo capturaron cometieron el delito de “fraude procesal” al colocarle pruebas falsas.

Una valla de jóvenes esposados, recorrieron un largo trayecto hasta las afueras del juzgado, vestidos de reos: camisa, calzoneta y pantuflas blancas, quienes pidieron “justicia para Daniel Alemán, Manuel López, Antonio Bonilla, Feliz Anzora, Mirtala Rápalo, los malabaristas Erik y Cristian”, entre otras personas que tienen “procesos viciados” según denunciaron, todos ellos, mujeres y hombres “jóvenes pobres”.

Tatiana Alemán, hermana de Daniel Alemán dijo que “estamos asqueados de tanta impunidad y tanta corrupción, y de que vallan metiendo a este sistema judicial a quien sea, que sólo lo agarren y le priven de los derechos fundamentales. Exigimos que se pare esta práctica”.

Los pobladores de Santa Marta denunciaron ante la prensa nacional “al Fiscal General de la República, el señor Douglas Meléndez Ruiz, como máximo responsable de las diversas violaciones a garantías constitucionales y al debido proceso, desarrolladas contra los jóvenes Manuel de Jesús López Bonilla y José Antonio Bonilla Laínez”.

Al igual que denunciaron “la acción de la Fiscalía, que debe ser la entidad garante de la investigación honesta y concienzuda, observando rigurosamente los procedimientos que la ley establece, y que por el contrario en el caso que denunciamos ha sido la entidad que encabeza la violación de nuestro marco jurídico nacional”, quien “empecinada en criminalizar a los jóvenes, descuida el respeto a los derechos humanos, garantías constitucionales”.

Por esta razón “emplazamos a la procuradora de Derechos Humanos Raquel Caballero se pronuncie sobre este y otros casos en forma categórica, que acompañe a las familias en sus denuncias y exijan se garantice el debido proceso por parte de la Fiscalía y la Policía Nacional Civil”.

Los siempre sospechosos de todo “es un movimiento ciudadano que pretende exigir justicia para todos los jóvenes que son encarcelados en situaciones hechas por la policía, fraudes procesales en el que se les inculpan por delitos que no han cometido”, señaló uno de los jóvenes voceros.

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Los hechos iniciaron la madrugada del 25 de noviembre del 2016 en Santa Marta, cuando el joven Antonio Bonilla acudió a dar auxilio a una persona herida de bala, al verlo en mal estado llamó a su primo Manuel López y lo trasladaron al hospital de Sensuntepeque.

Ahí fueron detenidos por los agentes Román Ramírez Ascencio, Nicolás Echegoyen Peralta y Hugo Atilio Cornejo, quienes les dieron una golpiza y procedieron a su detención.

El 30 de noviembre de 2016, la jueza de paz de Victoria dio instrucción con medidas sustitutivas para Antonio por el delito de “resistencia, tenencia y portación ilegal de armas de fuego”, la cual, según las indagaciones fue colocada por los agentes; Manuel fue sobreseído del delito de resistencia a la autoridad.

Al salir del juzgado fueron capturados por la Unidad Antipandillas y por 6 meses fueron dados por desaparecidos, ya que no les permitieron a sus familias saber de ellos ni a sus defensores.

En Audiencia Preliminar el pasado 8 de junio la jueza del juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque dictaminó “Sobreseimiento Provisional” al no encontrar sustento en los alegatos presentados por la Fiscalía para enviar el caso a Sentencia.

La Fiscalía apeló al fallo, por lo cual, el caso pasó a la Cámara de la Segunda Sección del juzgado de Cojutepeque, quien el pasado 3 de julio impugnó el “sobreseimiento” y en consecuencia ordenó “Auto de Apertura a Juicio”.